Gobierno autorizó el autocultivo y garantizará la provisión gratuita

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Así lo decidió el presidente Alberto Fernández a través del Decreto 883/2020 publicado este jueves (12/11) en el Boletín Oficial. La norma habilita el “autocultivo o el cultivo solidario” y extiende el universo de personas que pueden acceder al cannabis medicinal que en el gobierno de Mauricio Macri se limitó a pacientes con epilepsias refractarias. También se permite la venta en farmacias y dispone que el acceso al cannabis y sus derivados sea garantizado por las obras sociales y empresas de medicina prepaga o por el Estado para quienes no posean cobertura de salud.

Era una promesa del ministro de Salud, Ginés González García y la viceministra Carla Vizotti que se empezó a cumplir en plena pandemia del coronavirus:modificar la reglamentación de la ley 27.350, sancionada en el gobierno de Mauricio Macri para el uso medicinal del cannabis con fines medicinales garantizando el acceso a la población y especialmente habilitando el autocultivo, que era la principal limitación que puso el gobierno de Cambiemos en 2017.

Con el Decreto 883/2020 publicado este jueves (12/11) en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional reglamentó la ley de uso medicinal de cannabis con el fin de “facilita e impulsar la investigación científica orientada a los posibles usos terapéuticos“, a la vez que busca asegurar “el acceso a las terapias de forma segura e informada para todos los usuarios y usuarias“, incluso a través del “autocultivo o el cultivo solidario“.

La norma establece además que las obras sociales, el Estado y las prepagas “garanticen” ese acceso.

También, se le otorga al médico “un rol fundamental en el acompañamiento de los pacientes” y se contempla la provisión “en forma gratuita por parte del Estado” de derivados de la planta a quienes tengan “indicación médica”.

Fuentes oficiales indicaron que este decreto reglamentario, firmado por el presidente Alberto Fernández, deroga y reemplaza la reglamentación dispuesta en 2017 bajo la gestión de Mauricio Macri y que limitaba la importación de productos medicinales de cannabis solo para pacientes con epilepsias refractarias y vía ANMAT.

Además, se crea el “Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus Derivados y Tratamientos No Convencionales” en el marco del Ministerio de Salud.

Entre los objetivos figuran “la promoción dirigida a equipos de salud y organizaciones de la sociedad civil y la implementación de acciones de concientización sobre el uso del cannabis y sus derivados”.

También, apunta al “desarrollo de guías de asistencia, tratamiento y accesibilidad; la provisión en forma gratuita por parte del Estado de derivados de la planta para pacientes que cuenten con indicación médica y con cobertura pública exclusiva, y el impulso de investigaciones relacionadas con los fines terapéuticos y científicos de la planta de cannabis y sus derivados“.

Asimismo, “se autoriza, previa inscripción en el nuevo Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) el acceso al aceite de cannabis a través del autocultivo, el cultivo solidario o bien a través de la utilización de especialidades medicinales, en los casos en que exista indicación médica“.

“El acceso al cannabis y sus derivados deberá ser garantizado por las obras sociales y empresas de medicina prepaga o por el Estado para quienes no posean cobertura de salud“, señala la reglamentación oficial.

También el Estado “brindará colaboración técnica para impulsar la producción pública de cannabis en todas sus variedades y su eventual industrialización para su uso medicinal, terapéutico y de investigación en los laboratorios de producción pública de medicamentos nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos“.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) podrán cultivar cannabis y el Instituto Nacional de Semillas (INASE) será el encargado de regular “las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos de propagación de esta especie que permitan la trazabilidad de los productos vegetales“, establece la medida.

Además, tiene el aval del “Consejo Consultivo Honorario sobre la Investigación Médica y Científica del Uso de la Planta de Cannabis y sus derivados”, creado por la ley 27.350, integrado por organizaciones de madres y usuarios de aceite de cannabis para fines terapéuticos, organismos estatales con competencias en la materia como la ANMAT, el INTA, el Instituto Nacional de Semillas, el CONICET, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos y la Comisión Nacional de evaluación de Tecnologías en Salud”.

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